three. Cuando el Juez Central de lo Penal hubiera decidido alegar alguno de los motivos de denegación contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 32, podrá ponerse de acuerdo con la autoridad competente del Estado de emisión para realizar la vigilancia de las medidas de libertad vigilada o de las penas sustitutivas, sin asumir la responsabilidad de adoptar ninguna decisión ulterior.
La fijación de un periodo de tiempo para ello es importante, porque estas peticiones no suponen suspensión del plazo legal para la tramitación de la orden europea de detención y entrega.
Celebración de una vista para determinar las circunstancias personales y medidas cautelares del mismo.
Cualquier delito que sea punible con una pena privativa de libertad de al menos 1 año puede ser objeto de una orden de detención europea en Francia, siempre que el delito sea considerado un delito en el Estado miembro emisor.
En todo caso, el Juez Central de Instrucción comprobará si el consentimiento a la entrega por parte de la persona detenida ha sido prestado libremente y con pleno conocimiento de sus consecuencias, en especial de su vehicleácter irrevocable. De la misma forma procederá respecto de la renuncia a acogerse al principio de especialidad.
– Vista la evaluación del valor añadido europeo completada en enero de 2014 a petición del EPRS sobre la orden de detención europea, así como el estudio sobre «el coste de la no Europa», de diciembre de 2017, relativo a los derechos procesales y las condiciones de privación de libertad,
L. Considerando que la pertenencia a la Unión implica el respeto de una serie de valores como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a slightías, como se establece en orden de detencion europea y entrega - asistencia legal el artículo Source two del TUE y en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros en el marco de su cumplimiento;
Los títulos siguientes regulan cada uno de los instrumentos de reconocimiento mutuo, siguiendo un esquema idéntico en el que se distinguen unas normas comunes, otras destinadas a indicar a la autoridad judicial competente en cada caso cómo transmitir a otros Estados de la Unión Europea una resolución de reconocimiento mutuo y, por fin, otras que establecen las reglas de ejecución en España de las resoluciones que transmitan las autoridades competentes de los demás Estados miembros.
1. La autoridad judicial española podrá dictar una orden europea de detención y entrega para el ejercicio de acciones penales cuando, concurriendo los requisitos para ello previstos en esta Ley, concurran además los previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar el ingreso en prisión preventiva del reclamado o los de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para acordar el internamiento cautelar de un menor.
¿Qué es la orden de detención europea? En standard, la «ODE» (Orden de Detención Europea) es un instrumento de cooperación judicial internacional en materia penal que, al reemplazar todas las disposiciones sobre extradición en las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea, introduce una disciplina innovadora en lo que respecta a la entrega en las relaciones entre autoridades judiciales en relación a personas afectadas por medidas cautelares o sentencias definitivas.
Amenazas y actos de violencia contra las personas, incluida la violencia durante los acontecimientos deportivos.
a) Que el imputado tenga su residencia legal y habitual en el Estado de ejecución y consienta en regresar a dicho Estado.
No hemos eludido los factores objetivos que hoy están afectando a la confianza entre los Estados, pero, en la línea de interpretación establecida por el Tribunal de Justicia, queremos mantener una actitud de extraordinaria prudencia para no dañar este instrumento very important de cooperación.
El Título III tiene por objeto las resoluciones para el cumplimiento de penas o medidas privativas de libertad. A través de estos preceptos se incorpora una decisión marco no transpuesta hasta ahora, que permite que una resolución condenatoria this contact form dictada en un Estado miembro sea ejecutada en otro Estado miembro, con el fin de facilitar así la reinserción social del condenado.